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Aportes de los beneficiarios a las Obras Sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

APORTES DE LOS BENEFICIARIOS A LAS OBRAS SOCIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

La doctrina moderna parte de la premisa que la seguridad social es una función que incumbe al Estado, y se basa en principios que consagran una protección de todos los riesgos sociales, cualquiera sea la contingencia, y sin que el costo impida el acceso a la prestación, dirigida a toda la población.

Estos principios son: el de solidaridad, es decir apoyo mancomunado, sostenido por la OIT (Filadelfia 1944), y por Juan XIII en la encíclica Mater et Magistra , cuando declara la existencia de un “derecho moral a la seguridad social”; el de universalidad, esto es, el derecho de todos al acceso a la seguridad social, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU Paris, 1944); el de integridad , o sea la cobertura de todas las contingencias; el de igualdad , reconocido en el art 16º de la Constitución Nacional, cuando consagra la igualdad ante la ley; y el de unidad de gestión , que apunta a la unidad legislativa, financiera y de eficacia administrativa (conf. J.Rodríguez Manzini, Dcho.Tbjo. y Seg. Soc., Astrea, 1996, p.647).

La forma de financiaciòn de las prestaciones asistenciales ha variado con el tiempo, pero en la actualidad, desde un punto de vista financiero, tanto si el sistema se halla centralizado en el Estado, o estè descentralizado en distintos organos de administración y gestion, una porciòn del producto que genera la economía del paìs, debe ser destinado a la satisfacción de las contingencias sociales.

Y ello queda claramente fijado en la Constitución Nacional, cuando establece como principio rector, que el derecho de la seguridad social queda comprendido en la òrbita nacional (art. 75, inc 12), y que su gestión puede estar a cargo de entidades nacionales y provinciales con autonomía financiera y económica, administrada por los interesados y con intervención del Estado (Ley 23.661 y Art. 14 bis Constituciòn Nacional que norma que el Estado otorgarà los beneficios de la seguridad social, que tendrà carácter de integral e irrenunciable.)

Por lo tanto, en el orden jurídico argentino, el Estado debe otorgar las prestaciones asistenciales, y el legislador debe establecer regímenes para su concreción, reglamentando su extensión, contenido y aplicación. Ello permite la creación de gestores de prestaciones sociales con personería jurídica independiente y autonomía administrativa y financiera, previa realización de estudios economicos que aseguren la viabilidad financiera del régimen, precisando la responsabilidad y atribuciones que le cabe al ente que lo administra.

Pero si la situación financiera coyuntural del regimen autónomo creado, no permite cumplir con las prestaciones debidas, ello es responsabilidad del Estado en cuanto debe asegurar el derecho de la seguridad social, y del legislador que debe programar la seguridad social, teniendo en cuanta el enunciado constitucional.

Y ello asi por cuanto, lo que ha hecho el Estado es delegar una función propia a entes descentralizados creados a tal efecto, pero reservándose el control de dichos agentes prestadores, los cuales actúan con autonomia normativa, administrativa y financiera, pero siempre teniendo presente que las resoluciones normativas que dicten deben necesariamente ser concordantes con los principios constitucionales y legislativos que rigen el derecho al acceso a los beneficios de la seguridad social.

Todo lo precedentemente expuesto queda plasmado en la Ley 18683, que crea el Instituto de Obra Social del Ejercito, en cuanto dispone que la misma tendrà naturaleza jurídica de entidad autàrquica, con jurisdicción en todo el territorio del paìs, estableciendo expresamente que queda a cargo del Poder Ejecutivo dictar el Estatuto orgánico, reglamentando la organización y funcionamiento de la entidad, reglando todo lo relativo al gobierno, administración, conducción, financiaciòn y fiscalización, con arreglo a las leyes generales de la nación” (arts. 1º y 2º)

De ello se desprenden tres consecuencias escenciales: 1 . el Poder Ejecutivo al dictar el Estatuto orgànico del IOSE tiene un lìmite: lo que le señala el Art. 14 de la Constitución Argentina, y los principios rectores consagrados en la Ley Nacional de Obras Sociales Nº 23.660. 2 . El Jefe del Ejèrcito al ejercer sus funciones de control y conducción, debe dictar resoluciones que se ajusten a lo que dice la Ley 18.683 ; y las autoridades del IOSE deben sujetar su accionar al Estatuto de la entidad .

Y estas conclusiones pueden ser tambièn perfectamente aplicables a las obras Sociales de todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad, puesto que la ley de Obras Sociales Nº 23660, es la ley general de la nación que rige como marco de referencia para todas estas obras sociales.

En el año 1997 se dicta el Decreto 1478/97 que modifica el Art. 4º del Dto. 2239/70, Estatuto del IOSE, estableciendo, en el Cap.IV, Art 21, que los recursos de esta obra social estarán conformados por: a. Contribuciones, que seràn aquellas cantidades giradas “periódicamente por el Ejèrcito y la Gendarmerìa Nacional”, en su “carácter de empleadores”, y que consistirà en un porcentaje de las remuneraciones que perciba el personal en relación de dependencia”. b. Aportes, a cargo del afiliado, cuyo valor surgirà según lo determinado en los Arts. 24º y 25º del Estatuto.

El Art. 24 establece que la cuota del afiliado se calculara sobre un porcentaje de su haber mensual, quedando facultado el Jefe del Estado Mayor General del Ejèrcito fijar el importe total minimo de la misma, la que serà automáticamente reajustada automáticamente “en cada oportunidad que se incrementen las remuneraciones” (incs. a. y b.)

El Art. 25 fija otros tipos de aportes, como ser cuota de ingreso (inc. b.), estableciendo finalmente, una cuota asistencial compensadora, que se aplicara “con carácter transitorio y en forma excepcional , para mantener el nivel asistencial minimo que se debe brindar a los afiliados.

A su vez la Ley 23.600 fija la idea rectora, al establecer en su Art. 16º que las obras sociales del sistema se sostendràn : a. con una contribución a cargo del empleador equivalente al 5% de la remuneración de los trabajadores en relación de dependencia. b. un aporte a cargo de los trabajadores equivalente al 3% de sus remuneraciones, quedando entonces fijado un principio: las contribuciones del empleador deben ser superiores a la del trabajador.

Del juego armònico de toda la normativa reseñada, y a fin de cumplir con el Art. 14º de la Constitución Nacional, que establece la obligación del Estado de otorgar los beneficios de la seguridad social, en armonìa con el Art. 16º que impone la igualdad ante la ley, lo que obliga a colocar a todos los titulares del derecho en igualdad de condiciones, sin hacer diferencias por pertenencia, se concluye que:

• Los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas pueden fijar a discreción el importe minimo de la cuota a cargo del afiliado (Art. 24º, Dto. 1478/97) por que el importè máximo lo fija la ley general de la Nación Nº 23.600, esto es el 3% del total de las remuneraciones. (Art. 16º) Y dicho porcentaje, no puede ser superado por normas de menor jerarquía, como lo son el Dto. 1478/97, o la Res. 1126/93 del JEMGA, o la Disp. 16/01 del JEMGE.

• Las contribuciones a cargo del empleador deben ser superiores que las cuotas a cargo de los afiliados. (Art. 16º, Ley 23.600).

• Los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas, en forma excepcional y transitoria, pueden establecer una cuota asistencial compensadora, que rompa el equilibrio de los porcentajes que establece la Ley 23.600.

Pero lo que no se puede hacer, porque ni la Constitución Nacional, ni la ley de Obras Sociales Nº 23.600, ni las leyes de creación de las obras Sociales de las Fuerzas Armadas, ni los Estatutos que las rigen, lo permiten, es alterar en forma permanente este equilibrio, haciendo caer el peso del mantenimiento de las mismas en los afiliados, que es lo que sucede en la actualidad, dado que su aporte ha sido elevado a un 8% de sus remuneraciones, mientras que el del empleador se ha mantenido sin variables.

Frente a esta injusta situación, y a fin de asegurar la prestación asistencial a que tiene derecho, el afiliado debe reclamar a las autoridades primero, y si es necesario a la Justicia en ultima instancia, dos cosas:

1. Que se lo coloque en igualdad de condiciones que el resto de los beneficiarios de las restantes obras sociales civiles, reduciendo su cuota al 3% de su remuneración.

2. Que se ordene al Estado Nacional a aumentar la contribución que le corresponde, a fin de asegurar la prestación asistencial debida, teniendo muy especialmente en cuenta que el promedio de aportes de los afiliados, por limitarse al personal militar y de seguridad y su familia, està muy por debajo del promedio de otras obras sociales, con mayor nùmero de afiliados.

 

“Del orden jurídico constitucional nacen en igualdad de situación y en equilibrio necesario, los derechos de los individuos y las atribuciones del Estado; que estas ùltimas no tienen en ningún caso características supra jurídicas… son simplemente atribuciones o derechos reconocidos por el orden jurídico y carentes de toda peculiaridad extraña o superior al derecho; si estas facultades son ejercidas con exceso, se transforman en antijurídicas, y seràn dejadas sin efecto por los Tribunales ante el reclamo del individuo afectado” (Gordillo, Ttdo. Dcho Adm., T. I, III-19)