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Doctrina

I. Exordio
Desde la finalizaciòn del conflicto en el Atlàntico Sur, el Gobierno Nacional fue sancionando una serie de normas tendientes a brindar igualdad de oportunidades y acceso asistencial y previsional a los excombatientes de Malvinas, a fin de cubrir el vacio legal existente.
La primera legislaciòn al respecto, fue la Ley 23.109, promulgada en Octubre de 1984, que otorga beneficios a ex soldados conscriptos que hayan participado en acciones bèlicas en el Atlantico Sur entre el 2/4/82 y el 14/6/82. A partir de alli, la cantidad de Leyes, Decretos, Resoluciones y Ordenanzas que se fueron produciendo, evidencia un creciente reconocimiento, por parte de la sociedad, a los ciudadanos que combatieron en Malvinas.
Pero lamentablemente, y una vez mas, las autoridades que sancionas estas normas, y/o las que las aplican, hacen una discriminaciòn, en perjuicio del personal militar y de seguridad en actividad y/o en situaciòn de retiro. Asi ocurre, por ejemplo, con el Dto. 1244 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en 1998, y la Ley 23.848 sancionda por el Congreso Nacional en 1990.

II. Dto. 1244/98
1. Con fecha 22 de Octubre de 1998 el Podejecutivo Nacional dicta el Decreto No 1244, en el cual se establece un complemento de haberes para el personal de la Administración Publica Nacional, que acredite la condición de excombatiente en las acciones bélicas ocurridas en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de Abril y el 14 de Junio de 1982 (art.1) A su vez, se faculta a la Secretaria de la Función Publica de la Jefatura de Gabinete de Ministros a dictar las normas aclaratorias y/o complementarias para la aplicación de dicho decreto
. Es asi como esta Secretaria dicta la Res. 78/99, por la cual se aclara que “los términos Excombatiente, Veterano de Guerra o Veterano de Malvinas”, sin sinónimos, y se entiende por tales a todo aquel personal de oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que hayan participado en las acciones bélicas mencionadas precedentemente. También dicta la Res. 211/99, en la que se aclara que el concepto de “Administración Publica Nacional” es el previsto en el art. 8ª de la Ley 24.156.
Pese a que ni en el Dto. 1244/98, ni en las Resoluciones indicadas se hace referencia a la situación de revista del personal militar, los beneficios del mismo, solo se otorgaron al personal que se encuentra en actividad, excluyendo al personal retirado. Sometida la cuestión a la Dirección Nacional del Servicio Civil de la Subsecretaria de la Gestión Publica, dictamino que el personal militar en situación de retiro, no integra la Administración Publica Nacional. (Dictamen 1928/99) (Criterio contrario al seguido en la aplicaciòn del Dto. 430/2000)
Finalmente, el Ministerio de Defensa resuelve denegar los recalamos administrativos interpuestos por personal militar retirado, donde solicitaban su inclusión en los beneficios del Dto. 1244/98 (Res. 766 de fecha 31 de Julio de 2000).
2. El Poder Ejecutivo comenzó esta política violatoria de las leyes para el personal militar y de seguridad, en perjuicio del retirado, en el año 1984, a través del dictado del Decreto 2266/84, en el cual se establecía, para dicho personal en actividad, una suma fija en concepto de “compensación por mayores exigencias del servicio”.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, en el fallo S.464.XXI, “Susperreguy”, 6/6/89, determinó que la “compensación” establecida por el Decreto 2266/84, era de naturaleza salarial, “motivo por el cual corresponde computarla para la determinación del haber de retiro” y que no empece ello, “la denominación dada al adicional, ni las razones tenidas en cuenta para su otorgamiento”, pues los decretos del Poder Ejecutivo no pueden “modificar ni desconocer lo establecido por normas superiores” .
Al año siguiente, el Poder Ejecutivo viola nuevamente la ley 19.101, en perjuicio de retirados y pensionistas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Ahora crea un “préstamo especial”, que otorgaran las Obras Sociales de cada fuerza y lo instrumenta a través del Decreto 1897/85 y Res M.D. 500/85. En este caso, también se expidió’ el mas Alto Tribunal en el fallo M. 703. XXI “Martínez”, dando la razón al personal militar y de seguirdad en situaciòn de retiro.
Pero, teniendo pleno conocimiento el Poder Ejecutivo de la doctrina sentada por la Corte Suprema en las causas “Susperreguy” y “Martinez”, vuelve a violar la Ley orgánica militar a través del dictado de los Decretos Nros. 1569/91, 2000/91, 2115/91 y 628/92.
Ante los numerosos reclamos judiciales y fallos adversos del fuero, el Poder Ejecutivo dicta los Decretos 2684/93 y 2694/93 los cuales se fundamentan en los fallos “Susperreygy” y “Martinez” de la C.S.J.M., y donde se reconoce el derecho a los militares en situación de retiro y pensionistas a percibir las asignaciones establecidas en los Dtos. 1569/91, 2000/91,2115/91 y 628/92 inc 1ro, autorizando al Ministerio de Defensa a ofrecer cancelar los importes correspondientes, a través de la entrega de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en moneda nacional Serie II.Luego, por Dto. 2701/93, a partir del 01/01/94 se hace extensivo el personal militar en situación de retiro y pensionistas, la “compensación por Inestabilidad de Residencia” que venia percibiendo solo el personal en actividad, por considerar “que les asiste el derecho de percibir… la asignación en cuestión” (tercer párrafo Considerandos).
Evidentemente la demandada ha olvidado que la Procuración del Tesoro de la Nación, sostiene que es doctrina de esa Procuración que la Administración debe atenerse a los criterios de la C.S.J.N., respecto de la interpretación y aplicación del derecho (Dictámenes 144:134, 174: 98, 179: 75, 194: 131) y que asimismo, debe ahorrarle al Estado las consecuencias patrimoniales adversas que se derivarían de acciones judiciales en su contra que se prevén perdidas de antemano.
No obstante todos estos antecedentes, el Poder Administrador, viola una vez mas la ley para el personal militar, que expresamente establece que “cualquier asignación… que resulte necesario otorgar al personal en actividad… cuando dicha asignación revista carácter general se acordará en todos los casos con el concepto de sueldo…” (art. 54) , y dicta el Dto. 1244/98, y las Res. 78/99 y 211/99, “interpretando” que el beneficio reclamado, solo corresponde percibirlo al personal militar en actividad (Dictamen 1928/99)
3. La Ley 19.101 fija el marco normativo dentro del cual el Poder Administrador tiene facultad para establecer las retribuciones del personal militar. De ello surge que sus resoluciones, no pueden entrar en colisión con dicha Ley, que en ningún momento establece diferencia alguna, con relación a la situación de revista del personal militar, indicando que según se este en actividad o retiro, se pertenece o no a la Administración Publica Nacional
Es evidente que el espíritu del Decreto 1244/98 es otorgar un beneficio a los Veteranos de Guerra, y esto constituye la esencia de la cuestión, ya que la condición de “Veterano de Guerra” se mantiene tanto en actividad como en situación de retiro. Esta disposición es concordante con la legislación vigente sobre la materia, que contempla la situación de los ex – combatientes, similar al reconocimiento otorgado a los Expedicionarios al Desierto y sus descendientes, buscando brindarles los medios para poder acceder prioritariamente al ámbito laboral, educacional, asistencial, y previsional.
En la estructura de la legislación vigente, se encuadra en un mismo plexo normativo al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Ejercito Argentino, Armada Nacional, Fuerza Aérea Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal), con las modalidades propias de cada organismo, considerando como integrantes de las mismas, a todo el personal, sea en situación de revista actividad o de retiro, y todo ello, a su vez, dentro del ámbito de la Administración Nacional.
Dado el carácter tuitivo de las disposiciones en la materia, resulta irrazonable que el beneficio se otorgue solo al personal en actividad, quien percibe sus haberes con mayor monto, atento incluir los mismos suplementos generales, particulares y compensaciones, y se le niegue al personal en situación de retiro, que solo percibe suplementos generales.
El militar “Veterano de Guerra” en situación de retiro, con goce de haber debe ser mantenido en la percepcion del complemento establecido por el Dto. 1244/98, que venía percibiendo cuando estaba en actividad, no solo porque continua reuniendo los dos requisitos exigidos por la norma – participación en el conflicto del Atlántico Sur y pertenencia a la Administración Publica- sino porque, caso contrario, se incurriría en una violación al principio de razonabilidad que debe regir en toda decisión administrativa.
4. Así, la Ley 24.892 otorgó al personal militar “Veterano de Malvinas” que se encuentre retirado sin derecho a haberes, conforme la ley 19.101, los beneficios dispuestos en las leyes 23.848 y 24.652. Por lo tanto, si el personal retirado, con goce de haberes, no puede percibir los beneficios que otorga la ley 24.892, y tampoco los otorgados por el Dto. 1244/98, se lo colocaría en una situación económica desventajosa que no cuadra en fundamento legal alguno.
Y ello asi por cuanto, el militar que se retira sin haberes, o pide la baja, se ve beneficiado con la asignación establecida por la precitada ley 24.982, sin perjuicio de poder obtener un sueldo o una jubilación simultanea en el ámbito civil.En cambio, el militar que continuó en su carrera, al pasar a situación de retiro, solo tiene derecho a percibir el haber de retiro que le corresponda, según su grado y antigüedad, sin que se tenga en cuenta en absoluto su participación en las acciones bélicas en Malvinas, ya que no percibirá los beneficios de la ley 24.892, y dejará de percibir los que otorga el Dto. 1244/98
El mas alto Tribunal ha dejado sentado en numerosos fallos el vinculo del personal militar en situación de retiro, con la Administración Publica, al sostener que “este estado militar del retirado es distinto substancialmente del jubilado civil, para quien se extingue totalmente el vínculo con el Estado, salvo el derecho a la percepcion de sus haberes jubilatorios. El militar retirado, por lo contrario, continúa unido a la Institución Armada en virtud de su estatus militar” ( CSJN Fallos 236:588).
A mayor abundamiento, debe tenerse presente que el militar en situación de retiro, continúa haciendo aportes previsionales, mantiene su estado militar, mantiene el derecho del uso al grado y el uniforme, lo cual representa una sujeción a la jurisdicción castrense y normas disciplinarias en todo lo relacionado a su situación de revista.
Todo lo cual, nos permite concluir que al serle “negado a unos, lo que es otorgado a otros se encuentran en igualdad de condiciones”, conforme reiterada y pacíficamente ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, se ha violado el principio de igualdad consagrado en el Art.16 de la Constitución Nacional, al beneficiar por pertenencia y no por valoración de la causa.
También ha sostenido pacíficamente la jurisprudencia que se debe estar a la legislación mas favorable al beneficiario, atento que en cuestiones de naturaleza previsional, se debe adoptar un criterio amplio cuidando que el pronunciamiento, no desnaturalice el sentido de las normas que, “en esencia tienden, a cubrir riesgos de subsistencia. No debe llegarse al desconocimiento de esos derechos sino con extrema cautela” (CNFed.C.A., S.I, LL 1976-A-482).
5. Básicamente sostiene la Secretaria de la Función Pública, que “aparece como requisito “sine qua non” para acceder al beneficio reclamado, acreditar la condición de excombatiente de Malvinas, y la calidad de “personal de la Administración Publica Nacional” Entiende que, conforme las disposiciones de la Ley 19.101, el personal en situación de retiro “en tanto no ejerce la función publica” no puede ser considerado como parte de la Administración Publica Nacional
El art. 1º del Dto. 1244/98 exige como requisito, en lo que aquí importa, que el complemento mensual será abonado al Personal de la Administración Publica Nacional. Se hace necesario entonces, entrar a analizar si el personal militar, integra la misma, o si ello se limita solo al que revista en actividad, excluyendo al que se encuentra en situación de retiro, el que, cabe resaltar, no pertenece al ANSES, ni a ninguna AFJP, ni a ningún régimen previsional vigente
La Corte Suprema de Justicia en numerosos fallos ha sostenido la inconstitucionalidad del art. 80 bis de la Ley 19.101, por cuanto considera que, por no reunir el militar en situación de retiro, la condición de jubilado, no es incompatible el pago de su retiro militar con una jubilación civil.
Siendo entonces, que el personal en situación de retiro percibe sus haberes de la Administración Pública, realizando los mismos aportes previsionales que el que se encuentra en actividad, si para la Secretaria de la Función Publica no pertenecen a la Administración Publica, y para la Corte Suprema, no pertenecen al régimen previsional de la Administración Publica, a dónde `pertenece?
La respuesta a este interrogante la encontramos, si hacemos una lectura integral de la Ley para el Personal Militar 19.101, y la Reglamentación de la misma, que corresponde a cada una de las tres Fuerzas Armadas. Así, con relación al Ejercito Argentino, ( RELPM, (art. 1, T.I) indica que el Ejercito Argentino está constituido por el ejercito permanente y por la reserva del ejercito. En lo que aquí interesa el cuadro permanente lo forma el personal en actividad, la reserva está formada por el personal en situación de retiro. Ambos entonces, continúan en la esfera de la Administración Publica. A su vez, tienen estado militar (RELPM, art. 7, T.I) el personal que integra el cuadro permanente y el personal proveniente del cuadro permanente que se halle en situación de retiro. Para ambos el estado militar se pierde por baja del Ejercito (Ley 19.101, art. 10º).
Todo ello es la mejor demostración que el parámetro para determinar si corresponde la percepción del beneficio otorgado por el Dto. 1244/98, al personal militar, no pasa por su situación de revista, sino por determinar si integra o no la Administración Publica Nacional, al margen que estè o no prestando servicios ( que es el requisito exigido por el Dto. 430/2000)

III. Ley 23.848
1. En el año 1990 se sanciona la Ley 23.848, en la que se resuelve otorgar una pensión vitalicia, equivalente al haber mínimo de jubilación ordinaria, a ex soldados conscriptos y civiles, excombatientes de Malvinas. Luego por Ley 24.343, del año 1994, dicho beneficio se extiende a Oficiales y Suboficiales de las FFAA, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, siempre que no tuvieran otorgado retiro o pensión, conforme las disposiciones de la Ley 19.101 estableciéndose como monto, el haber correspondiente al grado de Cabo del Ejercito Argentino.
En el año 1996 se sanciona la Ley 24.652, y se excluye de este beneficio, al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, otorgándolo solamente al personal civil y excombatientes conscriptos, manteniendo como monto el haber del grado de Cabo del Ejercito Argentino.Por ultimo, por Ley 24.892, sancionada en el año 1997, se vuelve a extender el beneficio de pensión, al personal integrante de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el mismo alcance de la Ley 24.343
Sometida la cuestión a la Asesoría Jurídica del Ejército, dictaminò que no corresponde su aplicaciòn al personal militar, por cuanto el beneficio otorgado por la Ley 23.848, tiene como finalidad “no dejar sin sustento a quienes participaron en el conflicto y que no cuentan con ningún otro beneficio”. (Dictamen 128/98)
2. Es evidente que el espíritu de la Ley 23.848 es otorgar un beneficio a los Veteranos de Guerra, y esto constituye la esencia de la cuestión, ya que la condición de “Veterano de Guerra” se mantiene tanto si se es civil o militar. Dicha normativa establece como principio general “un verdadero reconocimiento a la acción heroica que protagonizaron los ex combatientes en la guerra de Malvinas” (Considerandos, Dto. 666/96)
Dado tambien el carácter tuitivo de las disposiciones en la materia, resulta irrazonable que el beneficio se otorgue solo al personal civil, quien puede percibir ademàs, otro beneficio previsional, y se le niegue al personal militar en situación de retiro, que percibe su haber de retiro, tambien de naturaleza jurìdica previsional.
En el caso del personal integrante de las Fuerzas Armadas, su suma a todo ello, que no se percibe indemnización alguna por disminución laboral, como tampoco se contempla en la legislación el perjuicio que causa, material y moral, el estar imposibilitado, en forma permanente de ejercer su profesión militar. Sumado a ello, la mayor dificultad que encuentra para insertarse en la actividad civil, dada la especificidad de su profesión.
3. El militar “Veterano de Guerra” debe percibir los beneficios que la ley 23.848 otorga, no solo porque ha participado en el conflicto del Atlántico Sur sino porque, caso contrario, se incurriría en una violación al principio de razonabilidad que debe regir en toda decisión administrativa.
Así, como precedentemente se señalò, la Ley 24.892 otorgó al personal militar “Veterano de Malvinas” que se encuentre retirado sin derecho a haberes, conforme la ley 19.101, los beneficios dispuestos en las leyes 23.848 y 24.652. Pero, resulta que en su art. 3º establece, que los beneficios previstos por la Ley, “serán compatibles con cualquier otro de carácter previsional permanente, otorgado por el Estado Nacional, provincial y/o municipal”. Caben aquí los mismos argumentos señalados en el item 4 del Punto II..
Se niega, en sede administrativa, el derecho del personal militar a percibir el beneficio que esta ley otorga, por entender que el mismo es otorgado “a quien no cuenta con ningún otro”. Pero la ley, no dice eso. Exige como requisito, en lo que aquí importa, que el beneficiario acredite su condición de excombatiente en Malvinas. Es mas, expresamente aclara que se puede percibir además, otro beneficio previsional de carácter permanente (art. 3º)
Se hace necesario entonces tambien, entrar a analizar el espíritu de la ley. Y ello lo encontramos en un instrumento emanado, justamente del Poder Administrador, esto es, el Dto. 1083/94, en cuyo Considerando se expresa que ha sido “la intención del legislador, otorgar el beneficio del que se trata a quienes intervinieron en el conflicto cumpliendo funciones tanto en el Teatro de Operaciones Malvinas como en el del Atlántico Sur”. También lo encontramos en el Dto.666/96, cuando en su Considerando se afirma que “la denominada pensión de guerra” implica un “verdadero reconocimiento a la acción heroica que protagonizaron los excombatientes en la Guerra de Malvinas”
Por lo tanto, el determinar o no, si corresponde el beneficio otorgado por la ley 23.848 al personal militar, no pasa por la no-percepción de otro beneficio, sino por su condición de excombatiente de Malvinas. Y que ello es así, lo acredita todo lo precedentemente expuesto
IV. Conclusion
Los beneficios otorgados por la Ley 23.848 y el Dto 1244/98 , implican un verdadero reconocimiento a la acción heroica que protagonizaron los excombatientes en la guerra de Malvinas, resultando injusto y violatorio al principio de igualdad, de raigambre constitucional, que se excluya a unos de lo que se otorga a otros en igualdad de circunstancias .
El personal militar tiene el derecho a percibirlos y el deber de reclamarlos.

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