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Liquidación de las asignaciones establecidas en el Decreto 1.490/02

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Liquidación de las asignaciones establecidas en el Decreto 1.490/02

Correcta interpretación del Art. 2401 de la Reg. De la Ley 19.101 y su concordancia con los fallos “Franco” y “Freitas” de la CSJN
Por la Dra. Florencia del Carmen Villegas

I. Desde el mes de setiembre del año 2002 se liquidan incorrectamente los haberes del personal militar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que fueron acrecentados de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 1.490/02, el que debió ser aplicado conforme las disposiciones del Cap. IV-HABERES, de la Ley Orgánica para el Personal Militar y sus modificaciones, y su Reglamentación, Decreto 1.081/73 y sus modificatorios (a los que remite la Ley Orgánica de la Prefectura N° 21.033, y para gendarmería Nacional el Decreto 1.082/73).

Dicho decreto, basándose en el fallo de la CSJN “CORBANI” de fecha 4/5/00, dispone incorporar al haber mensual del personal militar las asignaciones establecidas en los Decretos 2.000/01, 2.115/01 y 628/02, “conforme las disposiciones del Art. 2.041, inc. 1°”, de la Reglamentación de la Ley 10.101.

Tal disposición nos lleva necesariamente a analizar si dicho artículo reglamentario y sus modificatorios, en la forma en que ha sido aplicado, no viola la Ley, por cuanto las facultades “normativas” del Poder ejecutivo, tienen un límite raigambre constitucional: no puede dictar reglamentos que modifiquen o alteren el espíritu de la Ley (Art. 99° C.N.).

II. A su vez, la Ley Orgánica Militar N° 10.101, fija el marco normativo dentro del cual el Poder Ejecutivo tiene facultades para establecer las retribuciones del personal militar. De ello surge que las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten, no pueden entrar en colisión con dicha ley, que impone claramente “el concepto en el cual deben acordarse los aumentos a militares” (CCAdm, S:IV, Expte. 3703/93).

Acertadamente señala el Dr. Raspi y Comadira (ED, T.172,601,1997) que la ley militar es una norma específica que crea un régimen propio y completo, como lo ha dicho la Corte Suprema al establecer que las relaciones de los “militares entre sí, y con la Nación, se gobiernan por los respectivos reglamentos que al efecto se dicten en el Congreso y en la medida y extensión que éste lo establezca (Fallos 315:1731)”.

Se hace necesario entonces, establecer como premisa, que la aplicación del Art. 2.401 de la Reglamentación no puede ni modificar, ni alterar el espíritu de la Ley 19.101, porque si lo hace, es inconstitucional.

III. En la vigente Ley para el Personal Militar N° 19.101, encontramos los siguientes artículos, en el Capítulo IV, HABERES:

Art. 53 . (modificado por la Ley 20.384): El personal militar recibirá Sueldo, Suplementos Generales, Suplementos Particulares, Compensaciones, y otras asignaciones que correspondan por otras disposiciones legales. Establece también que la reglamentación fijara la enumeración y los alcances , de los conceptos que integraran el “haber mensual”.
Art. 53 bis (modificado por la Ley 21.600): El primer párrafo, hoy derogado, establecía el “enganche” de los haberes del personal militar con los haberes de los Jueces de la CSJN (Ley 23.199. También Decreto 2.192/86 y Ley 23.697). El segundo párrafo establece un sistema de coeficientes para los grados inferiores a Tte. Gral., Almirante y Brigadier General (Decreto 3.518/84).

Art. 54. Establece la denominada “cláusula garantía”, pues norma que cualquier asignación que se otorgue a la generalidad del personal militar, se otorgará en todos los casos, con el concepto de “sueldo” determinado por el Art. 55°. Este principio nace en el año 1957, en el Art. 113 bis del Decreto. Ley N°13.665/57 y luego es recogido en el Art. 54° de la Ley 14.777, y reproducido en la actual Ley N° 19.101.

Art. 55. Señala que el sueldo de cada grado será fijado por la Ley de Presupuestos.

Art. 74. “Cláusula garantía” que remite al Art 54° pues indica que el personal retirado también percibirá “cualquier asignación de carácter general” que se otorgue a la generalidad del personal en actividad (inc. 1°). El espíritu de la Ley y lo requerido por el legislador fue eliminar “la posibilidad del incremento de haberes que luego no irán a incrementar el haber de retiro” (Cam. Diputados 1958, Diario de Sesiones, pág. 6355).

IV. La reglamentación del Capítulo IV HABERES de la Ley 10.101, establece:

Art. 2401: (modificado por el Decreto 2.834/73, dictado con motivo de la sanción de la Ley 21.600). EL HABER MENSUAL estará integrado por los siguientes conceptos:

• Sueldo

• Reintegro de gastos por actividad de servicio (REGAS).

Con posterioridad se dicta el Decreto 2.794/83, que dispone incorporar a este artículo lo dispuesto en la Res. MD 547/83, la que establecía que “por razones de ordenamiento administrativo” los conceptos que integran el HABER MENSUAL tendrían el siguiente porcentual “respecto al total que los mismos integran”:

• Sueldo: 40% del HABER MENSUAL

• REGAS: 60% del HABER MENSUAL

Art. 2403. Establece que se entiende por Sueldo “la asignación mensual” que en tal concepto y con dicha denominación, fija la ley de Presupuesto y “con exclusión de todo otro emolumento”.

V. Corresponde ahora analizar cómo encuadran estos artículos reglamentarios en la Ley, y para ello debemos analizar conjuntamente el articulado de la Ley 19.101 y el articulado de su reglamentación:

1. Como se señaló, la Ley N° 19.101 nos indica que el personal militar en actividad percibe, los conceptos de Sueldo, y según corresponda, Suplementos Generales, Suplementos Particulares, Compensaciones y REGAS. Luego delega a la reglamentación la “enumeración” y los “alcances” del HABER MENSUAL:

• Enumeración: Sueldo Y REGAS

• Avances: base para calcular los Suplementos Generales, Particulares y Compensaciones. Así el inc. 3° del mismo Art. 2.401 nos indica que se toma, “como base de referencia, el haber mensual definido en el inc. 1°, para el cálculo de los suplementos generales, particulares y compensaciones”. Más aún, al reglamentar en el Art. 2404 los suplementos generales, establece que los importes a liquidar serán los resultados de aplicar un porcentaje sobre los conceptos “Sueldo” . “Regas”. También lo entiende así la CSJN en el fallo “FRANCO” (fallos 226.XXXII) cuando dice que determinar “qué constituye sueldo computable para el cálculo de los suplementos, y cuál es el monto de éstos, constituye materia deferida a la reglamentación (Considerando, Punto 9°).

2. el concepto REGAS es creado por el Decreto 547/59, como una compensación para el personal militar en actividad, que tuvo como finalidad “compensar los mayores gastos del personal en actividad” (ver Considerando, párrafo primero, del decreto). En un anexo se fijaron los montos, los que fueron variando en sucesivos decretos. (De allí que el inc. 2°, ap. B) del Art. 2.401, modificado por el Decreto 2.834/77, hable de “REGAS (Decreto 5.427/59 y sus modificatorios)”.

Posteriormente, la CSJN en el año 1965, en la causa “DEL CIOPPO” (Fallos 262:44), sentenció que por su carácter general, y por aplicación de los arts. 54° y 74°, correspondía el pago del REGAS al personal militar en situación de Retiro. El Poder Ejecutivo entonces, para evitar nuevos fallos adversos, dicta el Dto. 12435/65, haciendo extensiva esta asignación al personal en retiro y pensionistas. Luego el REGAS es “blanqueado” en el año 1973, al agregar la Ley N° 20.384 al final del primer párrafo del Art. 53°, que el militar también puede percibir “otras asignaciones que por otras disposiciones legales corresponden a este personal”.

En el año 1983; con la finalidad de darle un valor permanente al REGAS, y así evitar el dictado de sucesivos decretos fijando su monto, el Poder Ejecutivo determina los porcentuales de los conceptos que integran el HABER MENSUAL, (Sueldo 40%, REGAS 60%) como una distinción administrativa para la contabilidad del gasto público, entendiéndose, desde entonces, que con ello se fijaba una constante: “REGAS es 1,5 veces, o bien 60% del haber mensual”.

Y esta es la única interpretación lógica jurídica de la norma reglamentaria, para no entrar en colisión con los arts.. 53, 54 y 55 de la Ley N° 19.101, pues cualquier asignación de carácter general sólo se puede acordar en todos los casos con el concepto de “sueldo” establecido por Ley, y no por una reglamentación contable interna.

“Los decretos reglamentarios integran la ley reglamentada, completando su régimen y su violación o interpretación errónea afecta al régimen creado por ella” (CSJN, Fallos 190:301; 234:166).

3. Ha dicho la jurisprudencia que al remitirse el Art. 54 “a lo establecido en el Art. 55° no cabe duda que cualquier asignación general debe por imperio legal, necesariamente incorporarse al sueldo y no a otro concepto que integra la remuneración del personal militar” (CCAdm.S.I, In re “OSSES” 11/10/96).

También han sostenido los Tribunales que “…no cabe duda que el REGAS asume evidente sustancia salarial, toda vez que reviste la generalidad prevista en el Art. 54 de la ley para el personal militar. Es decir, y en el marco insoslayable de lo estatuido en la propia ley, no resulta posible desgajarlo, como ocurre en la actualidad, por vía reglamentaria, del “sueldo” tal como se regula en el Art.55…”(CCAdm S.I, in re “GILARDI ”, 2872797; en igual sentido S.V. in re BIALET ARGERICH” , 3079796).

Más aún la propia Corte Suprema de Justicia en el “FRANCO” (fallos 226:32) al que remite el fallo “CORBANI”, citado por el Dpto. 1490/02, sostiene que “…por amplio que se considere el ámbito de autonomía que el Poder Ejecutivo puede ejercer en esa materia, cabe tener presente que el poder de reglamentar no llega nunca a consentir la desnaturalización del derecho… principio cuya observancia corresponde extremar cuando el poder administrador ingresa en un ámbito propio de la competencia legislativa como lo es el de determinar el haber que la ley acuerda al personal militar” (considerando 10°).

4. Refuerza estas afirmaciones lo establecido en el Art. 2° del Dto. 1490/02, de aplicación al Personal Civil de Inteligencia de la Fuerzas Armadas, en cuanto dispone que las asignaciones referidas, sean tenidas en cuenta para su remuneración.

La ley 25520, y su reglamentación, regula que el personal civil de Inteligencia tendrá una “Remuneración Base” que será un porcentual del sueldo de Coronel, según la categoría. Hasta Agosto de 2002 un Coronel percibía bajo el concepto Sueldo $417,20, y la Remuneración Base de un agente de inteligencia, era de $538,20.

Después del Dictado del Dto. 1490/02 y por aplicación del mismo, al Coronel se le aumentó su Sueldo a $665,96 y al agente civil de inteligencia se le incrementó a $815,80, y ello así por cuanto, al militar solo se le imputó al concepto “sueldo” el 40% de las asignaciones establecidas en los Dtos. 2115791 y 628792, mientras que al personal civil de inteligencia se le imputó a su Remuneración Base el 100% de las mismas.

VI. De todo lo hasta aquí analizado se desprende:

1. Que toda asignación de carácter general que se otorgue al personal militar debe ser imputada al concepto “sueldo” que la ley fija, y el Poder Ejecutivo carece de facultades para “desgajarlo”.

“Corresponde reconocer al personal retirado y a las pensionistas de las Fuerzas Armadas el derecho a incluir del concepto sueldo, definido por el Art. 55 de la ley 19.101 y sus modificatorias los beneficios establecidos por los Decretos 1.569/91, 2000/91111, 2.115/9.111, 628/92 y 2.701/93” (Fallo Plenario de la Cámara Contencioso Administrativo, in re “AEBERT” (JA, 1997-IV-449)

2. Que el Poder Ejecutivo sólo puede fijar por vía de la reglamentación todos los demás conceptos que integran la remuneración del personal militar a saber:

• Suplementos Generales: fija un porcentaje del HABER MENSUAL (Art. 2404°, Reg. Dto. 1081/73 y sus modificatorios)

• Suplementos particulares: fija un porcentaje del HABER MENSUAL (Art. 2405°, Reg. Dto. 1081/73 y sus modificatorios)

• Compensaciones: fija un porcentaje del HABER MENSUAL (Art. 2408°, Reg. Dto. 1081/73 y sus modificatorios)

• REGAS: 1,5 veces sueldo, o 60% del HABER MENSUAL (Reg. Dto. 1081/73 y Dto. 2794/83)

Cualquier otra interpretación que se pretenda darle, y aplicarla, al Art.2401 de la Reglamentación, o al Decreto 2.794/83 que le incorpora su porcentual, es inconstitucional, porque viola la Ley para el Personal Militar N° 19.101.

Así lo entiende la Corte Suprema en el mencionado fallo “FRANCO” cuando sostiene que, por muy amplias que se juzguen las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo para determinar la composición del “HABER MENSUAL” y el monto de los suplementos que lo complementan, “ellas no alcanzan para transformar la remuneración principal en accesoria ni las remuneraciones accesorias en lo principal, mediante el simple arbitrio de designar una parte sustancial de la retribución que regularmente percibe la generalidad del personal en contraprestación por sus servicios militares como ajena al haber “sueldo” de éste. (Fallos 226,XXXI, Considerando 11°).

Y esto es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo al aplicar erróneamente el Art. 2.401 de la Reglamentación, por cuanto “una parte sustancial”, esto es el 60% de las asignaciones otorgadas, fueron “desgajadas” del sueldo, disponiendo que fuera “ajena” al mismo, puesto que sólo le asignó el 40% de las mismas.

“…la facultad atribuída al Poder Ejecutivo para determinar qué es el haber mensual y qué conceptos lo componen, no le autoriza a definirlo como un ítem incidental y a la postre irrelevante, de la remuneración realmente percibida” (Fallos 226.XXXII, Considerando 12°)

VII. La única manera jurídica, entonces, de interpretar los fallos “FRANCO” (F.226.XXXII) y “FREITAS” (F.401.XXXV), a los cuales, remite el fallo “CORBANI” (C.1397.XXXV), mencionado en el Decreto 1.490/02, en consonancia con el espíritu de la Ley N° 19.101, y lo querido por el legislador, es aplicar el Art. 2401° de la Reglamentación, dentro de los límites que otorga la Ley que reglamenta. Porque por otra parte, en ninguno de los fallos citados por la Corte Suprema ordenó la liquidación de las asignaciones otorgadas, en forma de distribución proporcional entre Sueldo y REGAS.

Caso contrario, se está sosteniendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en dichos fallos, ha desconocido las atribuciones del Poder Legislativo, y ha autorizado al Poder Ejecutivo a violar la Ley, puesto que se lo estaría autorizando a otorgar sólo una parte de una asignación general como “sueldo”, cuando los arts. 54 y 55 de la ley 19.101 expresamente se le prohíben.

VIII. Se sostiene en el Considerando del Decreto 11.490/02, que la Porcuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que “la Administración Pública debe ajustar su conducta a los alineamientos doctrinarios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, absteniéndose de cuestionarlos o de entrar en polémica con ellos, aún cuando no comparta su contenido…(Dictámenes 1179:75; 194:131; 233:278; 237:438, entre otros)”.

Es oportuno, entonces, recordar al Poder Administrador como reiteradamente ha violado la doctrina que ahora invoca, y como reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación se lo hizo saber, fijando doctrina contraria a sus pretensiones: 1. Decreto N° 5247/59: La Corte Suprema sentenció en 1965, que el REGAS, debía hacerse extensivo al personal en situación de retiro y pensionistas, bajo el concepto de “sueldo determinado por el art. 55” (causa “DEL CIOPPO”, Fallos 262:44). El Poder Ejecutivo, a fin de evitar nuevas sentencias adversas, dicta entonces el Dto. 12435765 y extiende el beneficio al personal en situación de retiros y pensionistas.

2. Decreto n° 2266/84: otorgó al personal militar en actividad, a partir de julio de 1984, una suma fija “no remunerativa” en concepto de “compensación por mayores exigencias del servicio”. La Corte Suprema de justicia en el fallo “SUSPERREGUY” (S. 464-XXI) sentenció que, por aplicación del art. 54 de la ley N° 19.101, esta “compensación” debía incorporarse al concepto “Sueldo”, y por lo tanto ser abonada también al personal en retiro y pensionistas.

El Poder Ejecutivo, ante ello y el Dictamen adverso N° 23.6831 del Auditor General de las Fuerzas Armadas, como así también el Dictamen adverso n° 4.109/84 del Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, por el Decreto N° 3.513/84, deroga el Decreto 2.226/84 e incorpora dichas sumas al “sueldo” del personal militar, por lo que se hace extensivo al que revista en situación de retiro y pensionistas.

3. Decreto 1897/85: otorgó al personal militar en actividad un “préstamo”, que debía ser abonado a través de las Obras Sociales, los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1985. La Corte Suprema de Justicia en el fallo “MARTINEZ” (M-703-XXI), atento lo establecido por los arts. 54 y 74 de la ley 19.101, sentenció que correspondía que también le fuera abonado al personal militar en situación de retiro y pensionistas, por tratarse en realidad de “sueldo”.

Conforme el Plenario “ARBEY BALLESTEROS” (T.II F. 24/6, 1993), por haberse omitido la publicación del Dto. En el Boletín Oficial, la acción para reclamar esta asignación no está prescripta.

4. Decretos 1569/91 y 2000/91: otorgaron al personal militar en actividad un “complemento transitorio de racionamiento”, y una “compensación por inestabilidad de residencia”. La Corte Suprema de Justicia en el fallo “CAVALLO” (C.1203.XXVI) sentenció que dichas asignaciones, por su carácter general, conforme los arts. 54 y 74 de la ley 19.101, debían ser incorporadas al concepto “sueldo”, y por lo tanto extensivas al personal retirado y pensionistas. El Poder Ejecutivo dicta entonces, los Dtos. 2684/93 y 2694/93 por los cuales ofrece cancelar esta deuda en Bonos Previsionales.

5. Decretos 2115/91 y 628/92: otorgaron al personal militar en actividad, retirados y pensionistas asignaciones “no remunerativa” y “no bonificable”. Luego, a través del Dto. 2.701/93 se dispone abonar al personal retirado y pensionistas, las asignaciones reconocidas por el fallo “CAVALLO” , pero violando la ley y este fallo, decide que tendrán también carácter “no remunerativo” y “no bonificable”.

La Cámara del fuero, dicta en marzo de 1997, el fallo Plenario “AEBERT” , donde reitera la doctrina sentada por la Corte Suprema desde 1965, esto es, “corresponde reconocer al personal retirado y pensionistas de las Fuerzas Armadas el derecho a incluir en el concepto “sueldo”… los beneficios establecidos por los Decretos 6.28/92 y 2.701793. La Corte Suprema de justicia lo reitera en 1999, en el fallo “FRANCO” (F.226.32).

Como podrá observarse desde 1959, a través de los Decretos 5.247/59, 5.247/84,1.897/85, 1.569/91, 2.000/91, 2.115/91, 628/92 y 2.701/93, el Poder Ejecutivo sistemáticamente ha violado los arts. 54 y 74 de la Ley 19.101, en perjuicio del personal militar retirado y pensionistas.

Pero puede observarse que, frente a estos decretos, la Corte Suprema de Justicia, ha reiterado también sistemáticamente, que por aplicación del art. 54 de la ley N° 19.101, toda asignación de carácter general que se otorgue al personal militar, debe integrar el concepto “sueldo”, y por lo tanto, por el Art. N° 74, debe ser extensivo al personal en situación de retiro y pensionistas.

Esto significa que durante 40 años la “cláusula garantía” contenida en el art. 54 de la Ley 19.101 ha sido reconocida por el Tribunal Supremo de la Nación, pero, no obstante ello, el Poder Administrador vuelve a violarla.

IX. Por lo expuesto, la correcta liquidación de las asignaciones otorgadas por el Decreto 1.490/02 significa imputar dichas asignaciones, por aplicación de los Arts. 54° y 74° de la ley 19.101, al concepto “sueldo”, y luego, por aplicación del Art. 2401° de su reglamentación, calcular el concepto REGAS, para poder obtener el monto del HABER MENSUAL, base del cálculo de los Suplementos Generales, Particulares y compensaciones (Arts. 2.405°, 246° y 2.408° de la Reglamentación).

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El Decreto 1.490 / 2002 y el fallo <<FREITAS>>
Por Pedro Miguel Albarracín

Análisis jurídico sobre las reales posibilidades del nuevo reclamo por la incorrecta aplicación del Decreto 1490/02 (que dispuso incorporar al <<haber mensual>> los suplementos <<inestabilidad de residencia>> y suma fija <<no remuneratorias>> y no al sueldo como lo prescribe el art. 54 de la ley 19.101) y su gravitación sobre el considerable aumento en los haberes mensuales del militar.

Con la sanción del Decreto 1490/2002, que dispuso la incorporación al haber mensual de las sumas <<no remuneratorias>> (asignaciones de los Decretos 2000/91; 2115/91; 628/92 y 2701/92), se alzaron distintas voces acerca de la constitucionalidad del mismo y la posible violación de la Ley Militar.

Sobre este particular, algunos juristas destacaron la conveniencia de iniciar reclamos, basándose en el Art. 54 y 55 de la ley Militar (que prevé que todo aumento debe ir al <<sueldo>> , mientras que otros señalaron la inviabilidad del mismo en razón de que la Corte Suprema de Justicia dispuso que esa incorporación debía hacerse al <<Haber Mensual>> . (<<Freitas Henriquez, José E. >> Fallos 322:2398).

Por tal motivo, estimo conveniente analizar las reales posibilidades de esta acción, ya que el progreso de la misma, impondría un considerable aumento en los haberes mensuales del militar, superior al 50%.

Analizando este fallo <<Freitas>>principal barrera jurídica para el progreso del reclamo, vale aclarar que el mismo (refiriéndose al fallo <<FRANCO>> , favorable a los militares), dispuso que a fin de liquidar los adicionales en los Decretos 2000/91, 618/92 y 2701/93, éstos deberán ser incorporados al concepto <<haber mensual>>, en el cual también están incluídos los rubros denominados en la reglamentación de la ley <<sueldo>> y <<reintegro de gastos por actividad de servicio>>.

Esta sentencia no declaró inaplicable Art. 54 de la Ley 19.101, sino en la ocasión dispuso que estas asignaciones <<no remunerativas>>, debían incorporase de esa forma.

Con el dictado del Decreto 1490/2002 se abre una nueva etapa.

En efecto esta norma, al establecer que las asignaciones contempladas en los Decretos 2000/91; 2115/91; 628/92 y 2701 , deben ir al >>haber mensual>> y no <<sueldo>> configura una clara violación a la Ley Militar a la Constitución Nacional.

Si tales asignaciones constituyen un aumento (sino qué son?), el decreto presidencial debió disponer, que como todo aumento debía ir al sueldo, ya que se trata de una norma general y no de una sentencia aplicable sólo a quien recurre al tribunal.

Si bien el fallo analizado, también contradice la Ley Militar, debemos analizarlo dentro del contexto de la situación de esa época, teniendo presente que las sentencias de la Corte no siempre son el resultado de un único análisis jurídico, sino que tienen presente la llamada <<gravedad institucional>>, para dar respuesta a determinada situación económico-social, al margen de lo estrictamente jurídico.

Recordemos que en el año 1999, el país vivía la ficción del 1 a 1; políticamente no <<existía>> inflación y ningún sector tenía aumentos salariales desde hacía más de 8 años. Una sentencia que implicara aumentos de casi el 50/60%, especialmente del sector militar, corría el riesgo de generar fuertes protestas sociales.

¿Por qué habría de cambiar ahora la Corte su criterio? En primer lugar, porque es distinta la situación político- social; se acabó la ficción de un peso un dólar; hay sectores (incluso del propio Gobierno) que han tenido aumentos y la economía registra una considerable recuperación y recaudación. A ello se suma que han cambiado parte de sus miembros (la llamada <<mayoría automática>>) y sus integrantes son reconocidos juristas, respetuosos de las leyes, que el poder político se comprometió a atacar.

En segundo lugar, para que la Corte sea consecuente con toda su doctrina anterior, contraria a la sentencia <<Freitas>>. Por citar sólo algunos ejemplos cabe recordar los fallos <<Susperreguy Walter J. V. Estado N. Fallos: 312-802, Martinez Marcelino H.v. E. Nacional>>:312:787 y <<Del Cioppo, Victor J. V. N. Argentina>>:, además de otros plenarios de Cámara.

En ese sentido, a lo largo de mi ejercicio profesional durante casi veinte años, he podido verificar que la única forma tiene el militar retirado, de obtener alguna mejora salarial, ha sido casi siempre merced a los juicios con sentencia favorable.

Sobran ejemplos: Decreto 2266 de 1984 (que estableció una suma fija que se pagó en cuatro cuotas al militar en actividad); el Decreto 1897 de 1985 (que inventó un falso <<préstamo>>, también abonado al militar en actividad y no al retirado); la inconstitucionalidad del Tope Salarial (o ley Galtieri) para quienes cobraban dos jubilaciones (una militar y otra civil, limitando el monto de la segunda) y donde tuve el honor de sentar jurisprudencia con el querido y viejo coronel Mario A. Dondi (q.e.p.d.), que inciáramos en 1994 y fallado favorablemente por la Corte en 1999, el juicio por <<rancho o racionamiento>> previsto en la Directiva 5/1991 del EMGE (luego Decreto 1569/91 y los conceptos <<no remuneratorios>> de los Decretos 2000/91, 2115/91 y 628/92), que concluyeran con el dictado del Decreto 2684/93, que dispuso el pago también a los retirados, y el más reciente de los Cód. 62 y 63, como también por el descuento del 13%.

Ahora bien, más allá de estas consideraciones, entiendo que el militar debe defender su derecho y exigir el respeto a la Ley y la Constitución.

La norma que los rige, les ha acordado un beneficio, que no fue un regalo sino el reconocimiento a una vida dura de sacrificios, la cual no cesa con el retiro, sino que aun debe permanecer a disposición del Ejecutivo, en cualquier situación de emergencia.

Por ello estimo que, con el patrocinio profesional especialista en leyes militares, debe reclamar para que el Decreto 1490 se incluya en el sueldo y no al haber, como dispuso la norma cuestionada. El NO, ya lo tiene.

*Abogado, cuyo estudio jurídico se especializó en temas militares y de las Fuerzas de Seguridad.